El término corrupción, entre sus acepciones supone: Acción y efecto de corromper, práctica que consiste en hacer abuso de poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra índole. Se entiende como corrupción política al mal uso del poder público para obtener una ventaja ilegítima 1, el contexto en el que se aplique tiene por tanto diversas implicaciones, pero en lo general supone un perjuicio grave para la economía y la sociedad en su conjunto. México al igual que muchos países del mundo padece una arraigada práctica en este rubro que frena el desarrollo económico, socava la democracia y daña la justicia social y el Estado de Derecho. La corrupción varía en su naturaleza y alcance, pero afecta en demasía, entre otros aspectos compromete la buena gobernanza, la correcta gestión de los fondos públicos y la competitividad de los mercados, y sin lugar a dudas, mina la confianza de los ciudadanos en las instituciones y los procesos democráticos.

Hoy en día, la sociedad demanda a los Gobiernos mayor sensibilidad política, social y económica, de manera que el actuar de los Funcionarios y las Instituciones Públicas brinden confianza a los ciudadanos; por tal motivo se busca la implementación de mecanismos que permitan transitar de una cultura de la corrupción a una cultura de legalidad, que lleve como bandera el principio de Transparencia.

Hoy en día, la sociedad demanda a los Gobiernos mayor sensibilidad política, social y económica, de manera que el actuar de los Funcionarios y las Instituciones Públicas brinden confianza a los ciudadanos; por tal motivo se busca la implementación de mecanismos que permitan transitar de una cultura de la corrupción a una cultura de legalidad, que lleve como bandera el principio de Transparencia.

Actualmente el Testigo Social ha sido constantemente denotado en los medios de comunicación, a consecuencia principalmente de la reforma energética, incorporándose la figura en el contenido de la Ley de Hidrocarburos y su reglamento; la Ley de la Industria Eléctrica y su reglamento; la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y la Ley de Petróleos Mexicanos; así como en el Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas, y el Reglamento Interior de la Secretaría de Energía. Las leyes mencionadas han sido identificadas como leyes secundarias de la aludida reforma y fueron publicadas en el D.O.F. el lunes 11 de agosto de 2014; por su parte las disposiciones reglamentarias fueron publicadas en el D.O.F. el viernes 31 de octubre de 2014, completando con ello el principal marco legal del nuevo modelo energético mexicano.